Más de 400.000 clientes sin su dinero, una treintena de imputados o un agujero patrimonial entre ambas sociedades de más de 4.000 millones de euros son algunas de lss repercusiones de la intervención, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, de Fórum Filatélico y Afinsa el pasado 9 de mayo de 2006. Otras han sido la suspensión de pagos de otras empresas de bienes tangibles, como Arte y Naturaleza, y ninguna previsión de qué parte de su inversión recuperarán los afectados ni cuando lo harán.

Actualmente existen cuatro procesos judiciales abiertos, dos en lo penal y otros dos en lo mercantil, y la posibilidad de que se determine la apertura de dos nuevos procesos, en lo contencioso-administrativo, para analizar la posible responsabilidad civil del Estado. Y es que son muchos los que aún se preguntan cómo la Administración pudo dejar operar a estas dos empresas durante casi 20 años, si su estructura era piramidal, y los sellos, en ningún modo, valían lo que ellas aseguraban.

En el orden concursal, según los informes de los administradores designados por los jueces para las dos sociedades, con los activos de Fórum Filatélico y Afinsa sus clientes no recuperarán más del 20% de lo que tenían invertido en estas compañías. La presidenta del Consejo de consumidores y usuarios (CCU), Francisca Sauquillo, la única en pronunciarse a este respecto, mantiene que la liquidación de las compañías se producirá a principios de 2008.

Proceso penal
Por su parte, los procesos penales están aún en fase de instrucción, por lo que la posibilidad de recibir indemnizaciones mediante los mismos es aún lejana, y con muy pocas posibilidades de que las cantidades recuperadas en lo penal sean significativas. Hasta el momento han sido imputadas una treintena de personas, y muy probablemente habrá nuevas imputaciones, según las fuentes judiciales consultadas.

Tras una primera parte de instrucción llevada a cabo por el magistrado Fernando Grande-Marlaska, el juez Baltasar Garzón desgajó del caso Fórum una pieza sobre su relación con la operación antiblanqueo de capitales emprendida en la costa marbellí, Ballena Blanca; y otra, que ya fue para los juzgados de Santa Cruz de Tenerife, relacionada con posibles pagos por el parque marítimo Anaga, sociedad de Fórum Filatélico, al alcalde de esta ciudad, Miguel Zerolo.

En el caso de Afinsa, el juez Santiago Pedraz amplió, a principios de año, el círculo de imputados hasta el segundo nivel directivo y los ejecutivos de la filial de Afinsa en Estados Unidos, Escala Group, con la que la sociedad filatélica podría haber establecido una estructura para ocultar presuntamente una “transferencia internacional de capitales”.

Tanto los imputados de un lado y del otro, incluidos los presidentes de Afinsa y Fórum, Juan Antonio Cano y Francisco Briones, disfrutan actualmente de un régimen de libertad bajo fianza, que ha motivado las protestas de muchos de los clientes afectados por la intervención.

Plan de ayudas
Coincidiendo con la proximidad de las elecciones autonómicas y municipales, el Gobierno aprobó el pasado 22 de abril, en Consejo de Ministros, la concesión de una línea de crédito del ICO con interés cero para todos los afectados por un valor de 500 millones de euros.

La otra medida tomada ha sido la elaboración de un anteproyecto de ley de regulación de los bienes tangibles, con escaso apoyo entre las organizaciones de consumidores, las comunidades autónomas y la oposición. Éste busca reforzar el exiguo marco legal que regulaba este tipo de inversiones hasta ahora; tan sólo consistente en una disposición adicional a la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva de 2003; y que ninguna institución financiera, ya fuera el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CVNMV), quiso nunca asumir como de su competencia. Además de Afinsa y Fórum Filatélico, existen otras empresas con un modus operandi que ha despertado las alarmas entre sus clientes como Arte y Naturaleza, actualmente en suspensión de pagos, y Bosques Naturales, que ha cambiado de propietarios y de plan de negocio para sobrevivir.

La nueva ley que regulará los bienes tangibles fija límites estrictos para este tipo de compañías, como la necesidad de suscribir ante notario la garantía de revalorización futura de un bien, o la obligación de tener qué dejar quince días a los potenciales clientes para que se piensen si quieren suscribir un plan de inversión en bienes tangibles. Además, e l Gobierno dedicará más inspecciones a vigilar esta actividad.

Por su parte, los préstamos, para los afectados deberían estar operativos el próximo 15 de junio, y están abiertos a todos los clientes por un valor máximo del 15% del capital invertido en ambas sociedades, hasta un límite de 3.000 euros.

Entre los afectados, la sensación de frustración ha podido palparse en varias movilizaciones que han congregado recientemente a miles de ellos en la Comunidad de Madrid, que han recurrido a asociaciones de consumidores, plataformas o agrupaciones independientes para defender sus derechos y pedir una solución.

El portavoz de una de estas organizaciones –la Coordinadora de Afectados de Forum y Afinsa (Ceafa)–, Francisco Berzosa, considera que la actuación del Gobierno en esta crisis “deja mucho que desear”. “Con la imputación a los antiguos administradores atacaron los intereses generales de 460.000 ciudadanos, y pisotearon sus derechos tras haber estado 27 años desprotegidos”, cree Berzosa.

Consecuencia
Actualmente existen cuatro procesos judiciales abiertos: dos en lo penal y dos en lo mercantil, y la posibilidad de que se abran otros dos para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

Los más de 400.000 clientes afectados de ambas empresas tenían más de 5.000 millones de euros en inversiones en sellos.

Los informes realizados por los administradores concursales han determinado que las propiedades de las empresas sólo sirven para recuperar menos de un 20% del dinero captado.

Las movilizaciones de los afectados se han intesificado en los últimos meses en Madrid.

Con la proximidad de las elecciones ha llegado un plan de ayuda del Gobierno en forma de línea de crédito ICO a los afectados.

¿Quién es quién en el caso?
Juan Antonio Cano fundó Afinsa junto al portugués Albertino de Figueiredo.

Cano está acusado de varios delitos, entre los que figuran los de blanqueo de capitales, fraude fiscal, insolvencia punible y administración desleal.

Además de Cano, una decena de ejecutivos vinculados a la compañía dedicada a la comercialización de planes de inversión en sellos con garantías de revalorización aseguradas, han declarado antes los juzgados de la Audiencia Nacional.

Francisco Briones asumió la presidencia de Fórum Filatélico en el año 2001. Esta acusado de los mismos delitos que su hasta hace poco competidor Cano.

Briones está actualmente en libertad bajo fianza, y le acompañan como imputados una decena de directivos y asesores vinculados al grupo.

Entre otras causas, el juez Baltasar Garzón investiga un presunto delito de pagos a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife para favorecer la construcción de un parque marítimo.

La inspectora de Hacienda, María Teresa Yábar, desencadenó la intervención de Afinsa y Fórum, tras encargarse de la inspección de la Agencia Tributaria –en la foto, su presidente, Luis Pedroche– a las dos compañías filatélicas entre 1998 y 2003.

Yábar llegó a la conclusión de que las empresas ejercían en la práctica una operativa de tipo financiero, amparándose en una regulación mercantil, empleando un activo que no sólo no se revalorizaba, sino que además valía mucho menos que lo que las compañías intervenidas aseguraban.

La ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado (en la imagen), ha sido objeto de numerosas protestas por parte de los clientes afectados de ambas compañías.

El Ministerio de Sanidad ha rechazado desde el primer momento un plan de ayudas que asegure la devolución del dinero a los afectados con cargo a las arcas del Estado español.

El departamento que dirige Salgado ha presentado un nuevo anteproyecto de Ley de Inversión en bienes tangibles, ya aprobado.

Fuente: Expansion